15 jul 2016
Prioridades de la sociedad civil para una nueva política de agua en España

El pasado mes de abril se presentó en el Congreso de los Diputados un documento de propuestas para una nueva política del agua en España elaborado conjuntamente por 17 organizaciones ambientales y sociales implicadas en la defensa del uso sostenible del agua y ecosistemas asociados. Se trata de una iniciativa doblemente relevante: por un lado es la primera vez que la sociedad civil española lleva al Congreso y presenta a los diputados una agenda de temas importantes para un cambio en la gestión del agua y, por otro lado, dicha agenda refleja también por primera vez el amplio nivel de consenso –y de madurez– en torno a los temas clave alcanzados por las distintas organizaciones: grupos ecologistas, redes de defensa del agua, entidades sociales y usos recreativos sostenibles ligados al agua. El documento de propuestas contempla un primer grupo de medidas urgentes y un segundo paquete de medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura.



El paquete de 17 medidas urgentes incluye la necesidad de incorporar el derecho humano al agua en la legislación española, específicamente en la Ley de Aguas, con el fin de garantizar los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento a todos los ciudadanos e impedir los cortes de agua por impago de sectores en precariedad económica, dando respuesta así al mandato de Naciones Unidas y a las demandas de extensos sectores de la sociedad española. Otras medidas urgentes se corresponden con diversos cambios normativos, como la necesidad de restringir la compraventa de derechos del uso del agua, derogando las disposiciones que permiten el intercambio de derechos concesionales entre usuarios de distintas demarcaciones hidrográficas y condicionando el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés público. Igualmente se propone revisar la normativa derivada del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, con el fin de garantizar la planificación y gestión participada del agua y la consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) y, junto a ello, establecer hojas de ruta para reducir progresivamente la dependencia e impactos de los trasvases.

«...impedir los cortes de agua por impago de sectores en precariedad económica, restringir la compraventa de derechos del uso del agua,...»

Otra de las medidas urgentes que se proponen es proceder a la liquidación ordenada de las Sociedades Estatales de Agua (ACUAMED y ACUAES), revertiendo de nuevo todas sus funciones a la Dirección General del Agua y a los Organismos de Cuenca, como forma de responder a la preocupación social suscitada por los presuntos casos de corrupción en los que está implicada ACUAMED y con el fin de garantizar la transparencia, rendición de cuentas e interés público en la gestión del agua.

Las medidas urgentes también incluyen la necesidad de acotar la definición de los conceptos de «interés general» y «obra de emergencia» para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas, así como paralizar o abandonar las obras hidráulicas con una mayor conflictividad ambiental y social (algunos ejemplos son el dragado del estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril y los embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués o Mularroya). En muchos de estos casos se han propuesto además alternativas con menor impacto ambiental y social, las cuales deberían ser tenidas en cuenta en el marco de un amplio debate social.

Finalmente se incluyen medidas urgentes encaminadas a favorecer los valores naturales del agua, como la revisión de los regímenes de caudales, la reactivación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, la promoción de las infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales y una aplicación más extensa de la figura de Reservas Naturales Fluviales, con la protección urgente de más ríos y tramos fluviales.

«...los planes hidrológicos actuales no permiten cumplir con la Directiva Marco del Agua y su objetivo de alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua.»

Por otra parte, el documento de propuestas incluye un segundo paquete de 7 medidas de envergadura para su implementación a lo largo de la legislatura. Estas medidas se refieren en primer lugar a la reforma de la Ley de Aguas y de la estructura y funcionamiento de las confederaciones hidrográficas y a la mejora de la transposición de la Directiva Marco del Agua, de forma que los objetivos ambientales, la participación pública y la recuperación de los costes de los servicios de agua, entre otros aspectos, queden adecuadamente reflejados en la Ley de Aguas y en el propio funcionamiento de las confederaciones.

Otra de las medidas de calado consiste en la reforma de los planes hidrológicos. El primer ciclo de planificación (2009-2015) se caracterizó en España por una incorporación retórica del lenguaje de la DMA, pero sin aproximación conceptual y metodológica a la misma ni efectos prácticos reales. Los planes hidrológicos del segundo ciclo (2015-2021) fueron en su mayoría bastante continuistas con respecto a los planes del primer ciclo. La escasa o nula ambición a la hora de aplicar la Directiva y el mantenimiento de las viejas inercias queda bien reflejado en planes como los del Ebro, con más de cuatrocientas mil nuevas hectareas de regadío y del Tajo, donde tramos fluviales clave carecen de caudales ecológicos, así como en casos tan relevantes como el Delta del Ebro, la Cuenca Alta del Guadiana, Doñana, la Albufera de Valencia y el Estuario del Guadalquivir, lugares donde el incumplimiento de la DMA tiene importantes consecuencias negativas sobre estos espacios protegidos de la Red Natura 2000 y áreas Ramsar, de sobrada importancia ecológica y reconocimiento internacional. En definitiva, los planes hidrológicos actuales no permiten cumplir con la Directiva Marco del Agua y su objetivo básico de alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua. Es necesario por tanto poner en marcha el proceso de revisión de tales planes. En dicha revisión deben reconsiderarse los proyectos de nuevos regadíos, los proyectos de grandes presas, los trasvases y en general los proyectos hidráulicos que generan conflicto social, que van en contra de los objetivos de la DMA y cuyas razones de interés público no aparecen suficientemente demostradas.

Otras medidas que se proponen para su implementación a lo largo de la legislatura se refieren, entre otros aspectos, a la reforma del sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua, el fomento de una mayor participación ciudadana activa en la toma de decisiones en torno al agua, así como una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas, como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial.

En definitiva, el documento de propuestas elaborado conjuntamente por una amplia representación de la sociedad civil implicada en la defensa del uso sostenible del agua y de los ecosistemas asociados, constituye una verdadera agenda de temas importantes para una nueva política del agua en España que merece ser atentamente tenida en cuenta, por el amplio consenso que respalda dicha agenda, por constituir propuestas largamente debatidas y suficientemente maduradas y por ofrecer una hoja de ruta tan ambiciosa como viable, tan ilusionante como imprescindible.

Julia Martínez Fernández
Directora ejecutiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua
Miembro de ASYPS.

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