Tribuna publicada en el medio digital El Ágora Diario.
El Informe Sostenibilidad en España 2020 llega en un momento crucial en el que hemos podido ver como aquellos que considerábamos retos apremiantes en materia de sostenibilidad se han manifestado más urgentes que nunca y nos exigen soluciones inmediatas y de profundo calado si queremos mantener nuestro actual bienestar. El mensaje que ha lanzado el ser más pequeño del planeta a los responsables políticos de España, Europa y de todo el mundo es inequívoco. El hombre solo tiene una opción para mantener su desarrollo y bienestar: la convivencia e integración con el medio.

Desde hace más de 20 años, organismos internacionales, europeos y nacionales en la promulgación de sus políticas ambientales marcaron el año 2020 como un año disruptivo para el desarrollo sostenible, y efectivamente parece que va ser así, aunque no por la buena planificación y el cumplimiento de objetivos.

El informe realizado por La Fundación Alternativas identifica la evolución que diferentes aspectos básicos del medio ambiente español han tenido en los últimos 20 años, así como el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por España, tanto a nivel internacional, como con la Unión Europea. Por tanto, se identifican las lagunas existentes entre planificación e implantación de políticas ambientales en España a corto, medio y largo plazo.

La principal conclusión que se puede obtener del informe es que no hemos cumplido en gran medida los objetivos adquiridos por España y no será posible alcanzar un desarrollo sostenible si no se produce una transformación radical, replanteando tanto las tecnologías como los sistemas de producción como los patrones de consumo y los modos de vida.

España se enfrenta a retos ambientales de magnitud y urgencia sin precedentes y aunque en el año 2020 se están intensificando la puesta en marcha de políticas en materia de economía circular, cambio climático y medio ambiente en general, llevamos más de diez años de retraso. Es cierto que a lo largo de los últimos 20 años se han producido avances, pero no a la velocidad necesaria. No se han solucionado problemas persistentes como la pérdida de biodiversidad, el consumo excesivo de recursos, las emisiones de GEI, la artificialización de los suelos y los riesgos para la salud provocados por la mala calidad del aire.

El informe pone de manifiesto que la trayectoria actual es insostenible y que se está acabando el tiempo para desarrollar medidas que puedan invertir la tendencia. Sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos. Hoy más que nunca nos enfrentamos a la necesidad de desarrollar acciones valientes, especialmente en materia de energía, movilidad, usos de suelo, uso eficiente de los recursos y sistemas alimentarios. Sin olvidar que toda nuestro sistemas de producción y consumo depende del mantenimiento de la salud de nuestros ecosistemas terrestres y marinos y su biodiversidad. Por tanto necesitamos desarrollar un sistema productivo basado en la Economía Circular y la Bioeconomía en el cual el sistema antrópico se desarrolle en mimesis con los ciclos biogeoquímicos.

El Informe de Sostenibilidad en España 2020 proporciona algunas claves que habrá de tenerse en cuenta en el desarrollo futuro del país, sabiendo que tenemos los conocimientos científicos y los avances tecnológicos como para centrar las políticas en acelerar la acción al mismo tiempo que se estimula la investigación y el cambio de actitud de los ciudadanos.

En materia de Cambio Climático, nos encontramos con una evolución de las emisiones de GEI desde 1990 ligadas esencialmente a las variaciones en el crecimiento económico. Aun cuando se constata una mejorado en eficiencia energética, aún estamos lejos de alcanzar un desacoplamiento absoluto de las emisiones respecto al incremento de producción.

La baja velocidad de actuación de estos últimos 20 años nos ha llevado a que las políticas climáticas de adaptación hayan tomado especial protagonismo incluso por encima de las de mitigación. Es necesario seguir profundizando en la gobernanza multinivel coordinando las acciones climáticas de las distintas administraciones. Pero también es preciso una mejor coordinación horizontal que aproveche las sinergias de las medidas recogidas en la Estrategia de Transición Justa, el PNIEC, el PNACC con otras políticas como la Estrategia de Economía Circular o la Agenda 2030. Principalmente en lo referente al desarrollo y producción industrial. Todo ello con el objetivo de acelerar el despliegue de tecnologías de vanguardia y lograr a la vez una producción eficiente en el uso de los recursos, una profunda descarbonización, impulsando a la vez modelos de negocio alternativos y trabajo decente y de calidad.

No debemos olvidar la dimensión social y que el desarrollo de todas estas medidas ha de realizarse en un proceso de transición justa, en donde los sectores y las clases más afectadas por la transición hacia una economía verde, circular e hipocarbónica tengan una planificación especial que garantice inclusión laboral en este nuevo sistema productivo y que no deje a nadie atrás, ofreciendo un futuro a nuestros jóvenes.

La revisión de la ocupación del suelo en el periodo 1990-2018 en España nos muestra un fuerte proceso de artificialización con la mayor tasa de cambio de uso de Europa. El crecimiento económico de España, en gran parte del periodo de análisis, se ha producido a costa, entre otras causas, de la artificialización del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre el aumento del PIB y la degradación ambiental.

Es necesario entender el campo y el territorio como espacio de innovación, no como el negativo de lo urbano, comprendiendo que no siempre las tecnologías y avances vienen de lo urbano y que el campo no es un espacio expectante de ser urbanizado.

En este sentido, en materia de conservación de la naturaleza, se está generalizando la visión de una nueva estrategia que tiene como objetivo devolver o incrementar la funcionalidad de los sistemas naturales, eliminando las amenazas y regenerando su naturalidad. Para el éxito de esta estrategia es importante la implicación de la población, de forma directa o a través de sus organizaciones sociales, empresariales y administraciones.

En cuanto a conservación de las especies, aunque las estrategias seguidas hasta ahora han dado como resultado que las especies más emblemáticas de la conservación estés actualmente fuera de riesgo crítico, es necesario variar esta estrategia, de conservar sólo las especies más amenazadas, hacia la gestión de la riqueza natural, atendiendo a los aspectos funcionales de los ecosistemas, servicios de base y de regulación, para que la naturaleza siga produciendo biodiversidad. Es imprescindible cambiar la forma en que medimos la eficacia y oportunidad de los programas de conservación, hasta ahora basados en la densidad de población de una especie, por una visión más global e integradora, ecosistémica, superando la visión localista actual.

En cuanto a la relación urbano-rural, uno de sus espacios más importantes lo encontramos en el sistema agroalimentario y sus implicaciones sobre el medio ambiente. En este sentido, el análisis realizado en el informe, nos indica que en los últimos 60 años, el sistema agroalimentario ha sufrido una gran transformación que ha afectado a todas las etapas de la cadena alimentaria. Dicha transformación ha estado caracterizada por un incremento de la dependencia del exterior y de los recursos (combustibles fósiles, fertilizantes o riego). El cambio sufrido en el sistema ha venido acompañado del aumento de las externalidades negativas, en forma de gases de efecto invernadero, contaminación, pérdida de biodiversidad y ecosistemas, perjuicios para la salud de los consumidores, despoblación rural, etc. Por ello se considera necesario fomentar una cultura alimentaria basada en un consumo sostenible y saludable, apoyar sistemas productivos mixtos y ligados al territorio, re-estructurar los sistemas agrarios, y establecer medidas de control en el uso de fertilizantes y pesticidas.

Por otro lado existe la necesidad generar entornos urbanos más saludables y crear ciudades próximas y productivas. Uno de los aspectos fundamentales para mantener la calidad vida en los entornos urbano, es mantener un aire limpio que garantice la salud de los ciudadanos. Sin embargo, los datos de calidad del aire en España muestran que durante estos últimos 20 años, sistemáticamente hemos incumplido los valores límite u objetivo marcados por la normativa europea para determinados contaminantes. Principalmente NOx. Además, hay que recordar que aunque se cumplieran los valores, en algunos casos (como por ejemplo las PM2.5), estos valores son más laxos que los marcados en las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire por los que los niveles de superación son aún mayores.

Uno de los principales problemas de la calidad del aire viene dado por las emisiones asociadas al tráfico, sin embargo seguimos arrastrando los mismos problemas desde hace 20 años. El análisis del reparto modal (2018 último dato disponible) nos muestra que el modo de transporte más utilizado para los desplazamientos interurbanos de personas sigue siendo el vehículo privado, tanto turismos como motocicletas, representando el 78,6% de la movilidad en España. Y respecto al transporte de mercancías, la tendencia a es similar. El transporte por carretera continúa creciendo. Desde 2013 a 2018 ha experimentado un incremento acumulado del +22,4%.

La tarea de mejorar la calidad de vida en las ciudades no es sencilla. Se precisa de la aplicación de medidas urbanísticas, ambientales y de transporte. La solución, no pasa por la prohibición total del uso del coche o por la implantación de zonas de bajas emisiones en núcleos urbanos, sino por el diseño de ciudades en las que no haga falta desplazarse en transporte privado. Además de mejorar la calidad del aire, ayudaría a las políticas de cambio climático.

Otro de los grandes desafíos al que nos enfrentamos es al uso eficiente del agua y de los materiales. El año 2020 es un punto de referencia en la transición desde un modelo económico lineal hacia una Economía Circular, sin embargo el análisis realizado refleja un estado incipiente de desarrollo, con un sensible retraso frente a otros países europeos y la necesidad de definir una Hoja de Ruta 2020-30 consensuada a través de un “Debate Público” con las partes interesadas, que incorpore las experiencias acumuladas y las iniciativas sectoriales/regionales/locales implantadas.

Finalmente en lo referente al agua nos encontramos en un escenario en el que muchos de los objetivos definidos desde hace casi dos décadas no se ha alcanzado todavía, pese a algunos avances parciales, pese a la solidez del marco legal y los importantes esfuerzos financieros. En definitiva, nos seguimos enfrentándonos a retos similares a los que llevaron a la Comisión Europea a legislar a principios de este siglo. Estamos ante el reto de ofrecer nuevas respuestas, de construir sobre bases diferentes y de hacer frente a desafíos sobrevenidos (el Pacto Verde Europeo o nuevos riesgos, ya sean sanitarios o ambientales, que se van aceptando como evidentes).

Será necesario reforzar nuestro sistema de gobernanza multinivel (Gobierno Central, Comunidades Autónomas, municipios y, en el caso del agua, Confederaciones Hidrográficas), para generar amplias alianzas entre el sector público, el privado y la sociedad civil. La revisión del último ciclo de planificación bajo la Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE (evaluado en 2019) pone de manifiesto esta necesidad de coordinación, no solo de cara a la DMA sino al cumplimiento con otras directivas como la de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, en la que España ha acumulado importantes infracciones. La coordinación no es solo imprescindible para alinear políticas sectoriales a veces contradictorias entre sí sino para reforzar los mecanismos de financiación de los programas de medidas de los planes de cuencas.

Un virus nos ha enseñado lo débil y efímeras que pueden ser las creaciones humanas y nos ha indicado el camino que hemos de seguir si queremos mantenernos en el planeta. El futuro pasa por tomarse en serio el desarrollo sostenible, actuar de forma contundente y cumplir el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Desarrollo de la Economía Circular, la conservación del capital natural y Agenda Urbana.



José Luis de la Cruz Leiva
Consultor ambiental, secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) y Coordinador del Informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.