Tribuna publicada en el medio digital El Ágora Diario.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, en el seno de su Asamblea General, que celebraba su 70 periodo de sesiones, adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Eran 17 objetivos, cada uno con sus metas específicas, hasta 169 en total, que deben alcanzarse antes de 2030.

La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tanto esfuerzo de concertación han supuesto, constituyen una herramienta de gran valor simbólico y de una funcionalidad incuestionable para avanzar, en lo sustancial, en esa conciliación del desarrollo económico y social con la conservación de lo que en nuestro tiempo llamamos medio ambiente.

La conciencia y la tensión que esta conciliación implica ha existido de siempre; forma parte de la condición humana, tiene que ver con su dimensión cosmológica y existencial, y la encontramos reflejada en las más variadas creaciones colectivas culturales a lo largo de los siglos. Llegados al que se ha numerado como 21 de la era moderna tales dilemas han experimentado un proceso de reconocimiento oficial, en todas las escalas, incluida la global, tal es el caso de los ODS y la Agenda 2030. Hecho que no podemos por menos que dar por bienvenido y aplaudir. Tiene todo el sentido que así sea, y es resultado de un gran esfuerzo colectivo, como empezábamos diciendo, con una importantísima aportación combinada del mundo científico y de la opinión pública.

En este contexto la palabra “Agenda” ha alcanzado una aureola protagonista. Se repite una y otra vez el término y se sugiere la trascendencia del concepto. Lucir en la solapa el pin con el logo de esta agenda se ha convertido en parte de la etiqueta, bienintencionada, de algunos círculos de gobernantes.

Observar tanto énfasis en “la agenda “nos lleva a advertir que “no todo es agenda” en el desarrollo de las políticas públicas, y que una determinación a favor de estas hace imprescindible conceder mucha más importancia de la que se percibe a elementos complementarios de la agenda como son la evaluación de las políticas públicas y la implementación.

Merece la pena recordar -de la mano del profesor mexicano Aguilar Villanueva (Problemas públicos y agenda de gobierno, 2000)- como fue en los años 60, en Estados Unidos, en el fulgor de las políticas de reformas sociales en lucha contra la pobreza de las administraciones de Kennedy y Johnson, cuando se prestó una gran atención entre los estudiosos y profesionales de las políticas públicas a la idea de “agenda”, a su dinámica, a sus metodologías e instrumentos.

El foco se concentró en reconocer la existencia de situaciones sociales problemáticas que necesitaban de intervención pública para su modificación en el sentido deseado. Consustancialmente el foco se orientó a determinar el curso de acción para tal modificación, haciéndose el esfuerzo por identificar las medidas prometedoras en ese sentido, y por fijar objetivos a cierto plazo.

Algunos años después se empezó a vislumbrar que las cosas no están avanzando con el ritmo que se deseaba, ni con la eficiencia ni la eficacia previstas. Descubrimiento doloroso y aleccionador que impulsó, en estudiosos y profesionales, una preocupación y un desarrollo de la llamada policy evaluation, esto es las metodologías y planteamientos dirigidos a contrastar los horizontes marcados con la realidad de los caminos andados.

Se pensó, entonces, que los resultados de un ejercicio de evaluación podían orientar la política social mejor que ningún otro instrumento, corrigiendo análisis abstractos o ideales cursos de acción adoptados como punto de partida. Abramos un paréntesis para recordar una experiencia de este tipo que nos merece un especial reconocimiento, Bogotá Cómo Vamos, lanzada a finales de los 90 en la capital colombiana, como iniciativa ciudadana, de abajo arriba, y sobre la que podremos extendernos en otro momento.

Siguiendo el hilo de experiencia americana, aquellas evaluaciones pusieran de manifiesto incumplimientos, dispendios, improvisaciones e ineficiencias, que en algunos supuestos venían causados por inconsistencias en los planteamientos y diseños de partida, pero en otros casos se derivaban de cómo se habían llevado a cabo, de cómo había sido su puesta en práctica, de la manera en como se habían implementado. Así, en la segunda mitad de los años 70 se impulsó el estudio, análisis y proposición en torno a la “policy implementation”, a las cuestiones organizacionales y administrativas.

Dejando en este punto la reseña de la experiencia norteamericana, podríamos concluir reconociendo la necesidad de que se integren de la manera más complementaria posible las perspectivas y las preocupaciones de agenda, de evaluación y de implementación. Sin estas dos últimas dinámicas, suficientemente desarrolladas, no parece verosímil ni genuina la apuesta por la agenda. Y resulta que en ello existe en nuestro país una permanente sensación de déficit.

La evaluación de políticas públicas, consustancial a la idea de rendición de cuentas o accountability, pero con unas implicaciones más allá de esto, como hemos sugerido más arriba, es una eterna asignatura pendiente. Los parlamentos quizás tienen en este campo su más importante palanca para contribuir, desde su personalidad y función institucional, a las transformaciones desafiantes de las que tanto se predica y agenda en clave de transición ecológica. Pero tal evaluación requiere de un mínimo rigor y exige minimizar el sesgo.

Esto es, precisamente lo que aportó, con toda modestia, la iniciativa social de Bogotá Como Vamos, a partir de 1997. No existe, de manera significativa, ni práctica, ni cultura política, ni herramientas en ese sentido en nuestros parlamentos. Incluso, me refieren el caso de una asamblea autonómica donde se inadmite formalmente la pretensión de alguna diputada de pedir la evaluación de una política pública concreta en contraste con el compromiso de gobierno.

Exactamente para este tipo de ejercicios nació el mecanismo ciudadano colombiano referido, que tuvo máximos reconocimientos por parte por Naciones Unidas-Habitat y es mostrado, desde entonces, como ejemplo a replicar en ámbitos menos favorecidos institucionalmente hablando. Ya sabemos que en los comúnmente tomados como “favorecidos”, de manera paradigmática los países anglosajones, este tipo de procesos de evaluación en la implementación de las agendas esta institucionalizado. Nuestro déficit llega al punto de que haya casos entre nosotros que hasta se “inadmita” formalmente en la sede que está obligada a liderar tal evaluación. Pero somos optimistas, y confiamos en que se conceda un gran impulso a este elemento imprescindible para avanzar en la agenda.


Antonio Lucio Gil
Jurista, Profesor de la EOI y Socio de ASYPS