Tras las elecciones autonómicas, el gobierno de la Junta Andalucía, en manos del PP con el apoyo de Vox, ha retomado el proceso para aprobar la ley autonómica que pretende legalizar los regadíos ilegales de la denominada Corona de Doñana a través de una vía urgente, sin informes técnicos ni participación pública y con exclusión de la voz de la ciencia. ¿Sería realmente tan grave legalizar tales regadíos? Veamos.

A estas alturas casi nadie ignora que se han perdido ya en torno el 60% de las lagunas de Doñana y que el 80% están seriamente dañadas. Buena parte de las especies de fauna, en muchos casos protegidas y amenazadas, han perdido Doñana como refugio. Los daños a la vegetación y especies singulares de flora son también evidentes. La causa principal de todo ello es el incremento del regadío, inicialmente promovido por la propia administración pública y, desde 2004, generado por la expansión ilegal de nuevos perímetros de riego, transformando zonas forestales.

Atrás quedó el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío, de 2014, que pretendía clausurar los regadíos ilegales creados desde 2004 y atajar las transformaciones de terrenos forestales, un plan que ha estado durmiendo en un cajón. Los regadíos ilegales siguieron aumentando sin control, consecuencia de años en los que las administraciones central y autonómica miraron para otro lado, consintiendo o legalizando pozos ilegales (responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y permitiendo la transformación de zonas forestales (responsabilidad de la Junta de Andalucía). Los graves impactos ocasionados a Doñana motivaron que en 2021 España fuera condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir las directivas europeas de agua y de hábitats, por no haber considerado los bombeos ilegales en las extracciones totales y por permitir la sobreexplotación del acuífero y sus impactos sobre Doñana.

De nada han servido los informes científicos del CSIC, ni voces tan autorizadas y mundialmente respetadas como la de Miguel Delibes, director durante ocho años de la Estación Biológica de Doñana y actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, ni la condena a España por parte del Tribunal Europeo de Justicia, ni las reiteradas advertencias de la Comisión Europea ni las de organismos internacionales como Ramsar o como UNESCO, que amenaza con incluir a Doñana en la lista de Patrimonios en Peligro, ni la oposición del gobierno central, ni la de múltiples entidades de la sociedad civil, ni los cientos de miles de firmas recogidas y las manifestaciones celebradas en apoyo a Doñana. Nada de esto ha frenado la intención de aprobar una ley para legalizar las más de 1.500 hectáreas de regadíos ilegales que están secando Doñana.

Para intentar justificar semejante empeño contra todo y contra todos, el gobierno andaluz insiste en que los regadíos que se legalicen se abastecerán de aguas superficiales, apuntando a las aguas del río Chanza (cuenca del Guadiana), así como a las de la cuenca del Tinto Odiel y Piedras (dependiente de la Junta de Andalucía). Respecto a las aguas del Chanza, se trata de una opción muy poco realista, porque sus recursos están ya asignados, no se consideran las sequías cada vez más frecuentes e intensas ni la reducción general de recursos por el cambio climático y, además, las infraestructuras para dicho trasvase no existen. En cuanto a las aguas del Tinto, Odiel y Piedras, los recursos procederían sobre todo del embalse de Alcolea, cuyas aguas presentan una elevada toxicidad de origen minero y no pueden utilizarse para regar. En pocas palabras: no hay tales recursos superficiales y por tanto se seguirá sobreexplotando el acuífero. Esta forma de cerrar los ojos a la evidencia y justificar decisiones sobre análisis falsos es lo que cabe esperar de un gobierno andaluz que funciona con el apoyo de Vox, negacionista del cambio climático.

"Los infractores no pueden ser premiados con la legalización que PP y VOX pretenden aprobar, sino que han de ser sancionados de forma ejemplar..."

Pero ¿A quién beneficia esta legalización de regadíos? Para empezar, beneficia a los infractores, que en lugar de cumplir las normas se las han saltado. Los infractores no pueden ser premiados con la legalización que PP y VOX pretenden aprobar, sino que han de ser sancionados de forma ejemplar por expolio de un bien público, como es el agua subterránea. Se trata de infractores que, además, han protagonizado o alentado situaciones de acoso verbal y físico contra agentes ambientales que han intentado ejercer labores de control.

En segundo lugar, la ley beneficia principalmente a grandes propietarios (fincas de 100 hectáreas o más), como señalan algunos análisis de la propiedad en parte de la zona afectada, que muestran que los grandes propietarios poseen el 70% de la superficie de regadío, mientras que los pequeños agricultores representan una proporción pequeña. Esto apunta no sólo a un conflicto ambiental sino también social, dado que en buena medida los problemas de sobreexplotación de los acuíferos están causados por grandes empresas agrarias, pero sus consecuencias probablemente afectarán más a los pequeños agricultores.

Finalmente, la ley beneficia a unos cultivos muy intensivos, responsables de graves impactos ambientales, por sobreexplotación del acuífero, por llevar a Doñana a un punto crítico que amenaza su propia existencia, por ocupación de zonas de interés natural, por degradación del paisaje, por contaminación de aguas y suelos con fertilizantes y pesticidas y por generación de plásticos y microplásticos. Pero la lista de méritos de los regadíos que se pretenden premiar con su legalización no acaba aquí. Tenemos que añadir los problemas, graves, de explotación laboral y falta de derechos sociales de los trabajadores, con salarios míseros y condiciones a veces infrahumanas. Recordemos que el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, señalaba a principios de 2020 tras su visita a los campamentos de jornaleros de la fresa de Huelva que los temporeros vivían como animales, en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados.

¿Es ésta la agricultura que queremos en Andalucía? ¿Es la agricultura que queremos en España y Europa? Es éste un presente o un futuro ilusionante y que merezca la pena ser vivido? ¿Es esto lo que están ofreciendo a sus ciudadanos los alcaldes de la zona que apoyan la legalización de estos regadíos y que se han erigido en abogados de un modelo agrario depredador de los recursos naturales del territorio y explotador de sus trabajadores?

Esto no saldrá gratis. Lo pagarán todos los contribuyentes en la forma de multas europeas, que saldrán de nuestros impuestos. Lo pagarán los propios agricultores, por el enorme daño reputacional que los regadíos ilegales y las empresas agroindustriales más agresivas están ocasionando a todo el sector, tanto en España como en los mercados europeos (recordemos, entre otras, la campaña que en Alemania pide a los consumidores no comprar fresa española). Y por supuesto lo pagaremos todos los ciudadanos y nuestros hijos y nietos por haber consentido, por miopía, necedad o inacción, que se destroce una de las joyas de la corona, un santuario de naturaleza único en el mundo (crimen equivalente a demoler una catedral para construir un centro comercial), para que unas cuantas empresas hagan su agosto esquilmando nuestros recursos naturales.

La amenaza de los regadíos ilegales para la supervivencia de Doñana es uno de los casos más conocidos y más graves, pero no es el único. No podemos olvidar que los regadíos intensivos son también responsables de que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuente con agua en menos del 15% de su superficie inundable, son responsables de la degradación generalizada de los humedales de la denominada Mancha Húmeda y son responsables de la crisis eutrófica del Mar Menor, en este caso por la entrada masiva de nutrientes de origen mayoritariamente agrario.

Necesitamos una transición hídrica justa en España que requiere, entre otras líneas de actuación, un cambio de modelo agrario, con reducción de los regadíos intensivos agroindustriales, empezando por los regadíos ilegales. Esta reducción ayudará a equilibrar la superficie total regada con los recursos hídricos realmente disponibles. Esta transición debe llevarse a cabo considerando criterios ambientales, por ejemplo priorizando la reducción de los que suponen una mayor amenaza a humedales y espacios protegidos, a la vez que se protegen los regadíos tradicionales históricos por su elevado patrimonio ambiental y cultural. La transición debe también considerar criterios sociales, como proteger los pequeños agricultores familiares vinculados al territorio, frente a las grandes empresas agrarias, con frecuencia de carácter multinacional o en manos de fondos de inversión y que son fuente de explotación laboral. Una transición hídrica justa en Doñana y en España en su conjunto es imprescindible y urgente para avanzar en la sostenibilidad ambiental y la equidad social de la agricultura española, en la recuperación de nuestros ríos y acuíferos y en la conservación de Doñana y del conjunto de la naturaleza en España.


JULIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de Las Sociedades, ASYPS

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