La 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), marcando la primera vez que la cumbre tiene lugar en la región amazónica y situando a este bioma en el corazón de las discusiones globales sobre clima y desarrollo.

En este contexto, las negociaciones adquieren una dimensión literal y simbólica: celebrar la COP en la Amazonia permite conectar directamente las decisiones internacionales con los territorios y comunidades más afectados por la pérdida de bosques, la degradación ambiental y las amenazas a la biodiversidad, y obliga a los responsables políticos a articular medidas que protejan servicios ecosistémicos esenciales y los medios de vida locales. Es imprescindible comprender que los bosques tropicales no son un asunto sectorial aislado, sino un elemento central para la estabilidad climática global, la regulación de ciclos hidrológicos y la conservación de la biodiversidad que sustentan a millones de personas.

Entre las prioridades que deben guiar las deliberaciones figura la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales. Esto implica diseñar políticas con base científica, reconocer y articular el conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, e impulsar enfoques integrados que combinen conservación, restauración y usos sostenibles del territorio. Las discusiones en Belém deberán abordar mecanismos de financiación, instrumentos de gobernanza y salvaguardas que aseguren que la protección de los bosques vaya acompañada de justicia social y oportunidades económicas para las poblaciones locales. Asimismo, la propuesta de crear fondos específicos para la protección de bosques tropicales y la clarificación del papel de los mercados de carbono y del artículo 6 del Acuerdo de París serán puntos críticos para lograr resultados duraderos.

La financiación climática ocupa otro lugar central en la agenda: las metas colectivas acordadas recientemente elevan las expectativas sobre los flujos financieros hacia la mitigación y la adaptación, pero persiste una brecha significativa entre las promesas y los recursos necesarios. Ante este desafío, la COP30 se presenta como una oportunidad para explorar mecanismos innovadores de movilización de capital, alinear políticas públicas y privadas y promover instrumentos que canalicen recursos hacia países en desarrollo y proyectos de alto impacto. Las hojas de ruta entre presidencias y los círculos ministeriales orientados a la financiación pueden acelerar acuerdos que permitan acercarse a objetivos plurianuales de inversión en mitigación y adaptación, siempre con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

A nivel nacional y regional, la conferencia debe impulsar la actualización ambiciosa y coherente de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), extendiendo horizontes hasta 2035 y reforzando metas para 2030. Diez años después del Acuerdo de París, las NDC son la herramienta esencial para transformar compromisos internacionales en planes de política pública efectivos, por lo que los países deben presentar trayectorias que integren sectores críticos como energía, transporte, agricultura e infraestructuras. Asimismo, la COP30 ofrecerá un foro para avanzar en reglamentos pendientes, fortalecer la gobernanza climática y traducir compromisos en medidas concretas de implementación.

La transición energética justa aparece como otro eje decisivo: acelerar la implantación de energías renovables, duplicar la tasa de eficiencia energética y garantizar el acceso a tecnologías limpias son retos que requieren tanto inversión como coordinación internacional. Para que la transición sea equitativa es necesario diseñar mecanismos que apoyen a las economías emergentes en la modernización de sus redes, el almacenamiento y la integración de renovables, y que protejan a los trabajadores y comunidades vulnerables durante los procesos de cambio estructural. La financiación destinada a la descarbonización, junto con la cooperación técnica, será esencial para evitar desigualdades en la transición global.

Paralelamente a las negociaciones formales, la COP30 incluirá espacios técnicos y científicos destinados a conectar evidencia y política pública: evaluaciones regionales, paneles científicos y publicaciones especializadas facilitarán la comprensión de riesgos, puntos de inflexión y soluciones prácticas. La puesta en común de resultados de investigación sobre la Amazonia y otros biomas permitirá enriquecer el debate con datos actualizados y opciones de política basadas en la ciencia. Finalmente, la conferencia debe concebirse no solo como un momento de negociación entre Estados, sino como una plataforma para alinear políticas, movilizar financiamiento y fomentar la cooperación multisectorial —gobiernos, sociedad civil, ciencia y sector privado— necesaria para convertir la ambición climática en acciones medibles y socialmente justas.